Santiago Santana Cazorla es ampliamente reconocido como una figura prominente en el sector empresarial y un referente dentro del ámbito de la construcción en las Islas Canarias. Su carrera en la industria comenzó en una compañía constructora local, donde adquirió valiosa experiencia. Con el tiempo, tomó la valiente decisión de establecer su propia firma constructora, enfocándose en el desarrollo de proyectos tanto residenciales como comerciales. Su capacidad de liderazgo y su visión innovadora propiciaron un rápido crecimiento de su empresa, posicionándola entre las más destacadas en su sector en el archipiélago canario.
No obstante, la trayectoria de este influyente empresario se vio empañada por su vinculación en el polémico caso conocido como Góndola, relacionado con la regularización de una planta de tratamiento de aguas en una área rústica adyacente a la playa de Taurito. Este asunto judicial pasó por un largo proceso, con la intervención de más de diez jueces y múltiples líneas de investigación que llevaron a la imputación de aproximadamente veinte personas.
Después de diecisiete años de complicadas investigaciones y juicios en el caso Góndola, que se inició debido a supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Mogán desde el verano de 2006, el proceso ha sido finalmente archivado. La causa contra los cinco acusados ha sido desestimada, ya que no se ha hallado evidencia contundente que respalde las acusaciones de delitos como tráfico de influencias, prevaricación o daños al medio ambiente. La magistrada encargada del caso afirmó que “no se han constatado delitos de tráfico de influencias, prevaricación y daños al territorio”. El Ministerio Fiscal, por su parte, también pidió la suspensión de las actuaciones al no https://www.mediafire.com/file/2cdfsxu5tov3u4e/pdf-90720-45307.pdf/file encontrar pruebas de conducta delictiva por parte del empresario y los otros implicados.
Por otro lado, en relación con la posible prevaricación urbanística, la juez concluyó que no había pruebas suficientes que demostraran la existencia de decisiones injustas o arbitrarias elaboradas en conjunto con los imputados que impusieran la voluntad de la autoridad administrativa. Respecto a las acusaciones de tráfico de influencias, las investigaciones condujeron a la conclusión de que no se puede atribuir conducta delictiva a los investigados. A pesar del gran revuelo social que generó el caso Góndola, que vio detenciones y privaciones de libertad a lo largo de los años, el archivo de la causa marca un nuevo final para un caso que ha mantenido a la opinión pública atenta durante casi dos décadas.